PUNTOS FALANGISTAS SOBRE LA REPÚBLICA, LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
LA FALANGE (FE) postula una España REPUBLICANA, proponiendo un REFERÉNDUM VICULANTE con una sola y terminante pregunta al pueblo español, consistente en si desea una monarquía o una república como forma de Estado, sin más cuestiones añadidas. Los falangistas propugnamos una profunda investigación sobre el patrimonio de la Familia Real, realizando una AUDITORÍA INDEPENDIENTE sobre la totalidad de sus ingresos, actuaciones financieras y participaciones mercantiles nacionales y extranjeras. Proponemos la creación de un COMITÉ NACIONAL DE ACTUACIÓN SOBRE LA FAMILIA REAL que, a la luz de los resultados obtenidos, elabore un Documento de Conclusiones al objeto de someter esta cuestión económica al conocimiento de todos los ciudadanos, tanto a título individual como de sus colectivos y entidades políticas, sociales y sindicales. Propugnamos medidas expropiatorias sobre este patrimonio, así como las reformas legislativas que permitan un ALZAMIENTO DE LA IMPUNIDAD JUDICIAL del, hasta ahora, Jefe del Estado.
LA FALANGE (FE) entiende que la REPÚBLICA es el cauce natural de las aspiraciones transformadoras mantenidas por los sectores sociales españoles políticamente concienciados, y propugna el establecimiento de esta forma de Estado como marco idóneo de las nuevas instituciones nacionalsindicalistas. En este sentido, los falangistas del Siglo XXI recogemos la antorcha de los falangistas que nos han precedido en la acción revolucionaria, considerando a la Monarquía como una institución socialmente desfasada, políticamente inoperante, económicamente insolidaria y moralmente injusta.
LA FALANGE (FE) propugna una ABSOLUTA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO basada en la atribución de mayores competencias a las Corporaciones Municipales y Sindicales. Los falangistas entendemos que la descentralización española no culmina con mayores transferencias competenciales a las Comunidades Autónomas, ya que ese proceso tan sólo conduce a la sustitución de una Administración por otra. Los falangistas entendemos que debe procederse a una descentralización de base, basada en el incremento de facultades municipales y sindicales, órganos representativos que, en el futuro, configurarán el núcleo de la organización administrativa del Estado Falangista.
LA FALANGE (FE) postula una España UNIDA EN LA SOLIDARIDAD, coordinando los medios humanos y materiales necesarios para un crecimiento económico armónico y compensado entre sus distintos ámbitos territoriales. Los falangistas proponemos un FONDO ESTATAL DE DESARROLLO que, tendente a corregir los desequilibrios territoriales existentes todavía en nuestra Patria, esté integrado por una suma no inferior al 0,5% del PIB. Este fondo se destinará, dentro del marco de la efectividad real del principio de solidaridad interterritorial, a la creación de planes de inversión en nuestras zonas menos desarrolladas, a los efectos de conseguir su aproximación económica con las zonas más desarrolladas de España.
LA FALANGE (FE) propugna un MUNICIPIO independiente y soberano dentro del marco de cumplimiento pleno del principio de subsidiaridad, y teniendo en cuenta su consideración esencial de espacio de participación política. En este sentido, propugnamos una reforma de la Ley Reguladora de bases del Régimen Local, a los efectos de amplíar las competencias locales, al tiempo que se diferencian y definen en relación al resto de las instituciones del Estado. Los falangistas preconizamos una suficiente financiación de los municipios, al objeto de que puedan desarrollar sus actuaciones de forma correcta en el ámbito de sus competencias. Para ello, propugnamos una nueva Ley de Haciendas Locales que determine, con la debida exactitud, las cantidades que el Municipio debe percibir por la vía de la aportación estatal directa, por la vía de la aportación directa de la administración autonómica y en concepto de recursos propios. A estos efectos, los falangistas propugnamos la creación de un FONDO AUTONÓMICO DE DESARROLLO MUNICIPAL, por el cual las Comunidades Autónomas puedan conceder fondos a los Ayuntamientos que lo soliciten para el desarrollo de sus proyectos municipales de nuevas infraestructuras. Asimismo, y fruto de esta estrecha colaboración con la Administración Autonómica, fomentaremos la suscripción de acuerdos de contenido financiero entre esta Administración y los distintos Ayuntamientos de su ámbito geográfico.
LA FALANGE (FE) entiende que el Estado debe reservar una parte de sus ingresos anuales y destinarla al desarrollo de los Municipios Españoles. Esta participación de los Ayuntamientos en los ingresos debe realizarse a través de dos grandes ejes reguladores: de un lado, la creación de una RESERVA FINANCIERA ESTATAL OPERATIVA que, partiendo de un porcentaje no inferior al 40%, vaya disminuyendo en fases progresivas y determinadas, hasta terminar en una cantidad cifrada en el 20% del ingreso total, teniendo esta última carácter anual; y, de otro, impulsando los acuerdos de cooperación financiera entre las tres Administraciones del Estado.
LA FALANGE (FE) entiende necesario el establecimiento, de manera terminante y expresa, del PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL PRESUPUESTARIA, por razón del cual los Ayuntamientos, dentro del ámbito de sus competencias legítimas, son libres de establecer sus propios Presupuestos con arreglo a las leyes, sin interferencias o limitaciones de ninguna clase. Intímamente conectados con el anterior principio, las reformas legislativas deben inspirarse en los principios de suficiencia, equidad, autonomía y responsabilidad fiscal.
LA FALANGE (FE) propugna una AUSENCIA DE CONDICIONAMIENTO en las transferencias económicas realizadas por otras administraciones a los Municipios, si bien pueden admitirse subvenciones concretas para fines concretos, siempre que razones urgentes, o de simple interés general, aconsejen dotarlas de este carácter concreto y determinado. A estos efectos, se hace necesario un mayor control de los Ayuntamientos sobre los distintos planes estatales o comunitarios tendentes a financiar obras de infraestructura en nuestros Pueblos y Ciudades: fijar prioridades dentro de estas necesidades, así como establecer cuantías suficientes.
LA FALANGE (FE) propugna un fortalecimiento del SECTOR PÚBLICO, oponiéndose a las actuales tendencias privatizadoras de determinados servicios ciudadanos. Los falangistas concebimos el sector público desde la doble perspectiva estatal y municipal, dependiendo de la naturaleza y características de los mismos, sin olvidar la posibilidad de que, en la España futura que estamos propugnando, sean los Sindicatos quienes asuman algunos de estos servicos públicos. Por esta razón, nos oponemos frontalmente al Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC, suscrito en aras de una privatización de los servicios esenciales. Nos pronunciamos en favor de una lucha inequívoca de las distintas Administraciones en aras de un incremento en la calidad de estos servicios públicos, enmarcada esta lucha en el principio máximo de defensa prioritaria del interés general y de la igualdad de trato de los ciudadanos. En este sentido, propugnamos CONSEJOS SECTORIALES de control y gestión de los servicios públicos, mediante la incorporación de los sectores sociales, políticos y sindicales interesados en su gestión directa y en el control de la buena marcha de los mismos.
LA FALANGE (FE) propone la creación de una MESA NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, así como de distintas Mesas Territoriales, integrada por representantes de los Consejos de los distintos Servicios Públicos, y ello a los efectos de regular y controlar el funcionamiento, la calidad y las eventuales mejoras de los mismos, con especial incidencia en los aspectos técnicos, medioambientales y, lógicamente, económicos. Estos aspectos deberían recogerse en un ESTATUTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, comprensivos de los derechos mínimos de carácter esencial disfrutados por los ciudadanos en relación a dichos servicios.
LA FALANGE (FE) propone una nueva regulación de la CONTRATACIÓN PÚBLICA, regulando este importantísimo sector de forma tal que se refuercen los mecanismos de información y control ciudadano sobre esta clase de contratos, y entendiendo que el principio general de transparencia en la contratación es la única garantía frente a la corrupción y a la falta de probidad en la gestión de esta importante cuestión pública.
